Por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República

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Ley 32 de 8 de noviembre de 1984.

“Por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”.

El Consejo Nacional de Legislación

DECRETA:

Título I
Objetivos y Campo de Aplicación
Artículo 1.
La Contraloría General de la República es un organismo estatal independiente, de carácter técnico, cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos, y examinar, intervenir, fenecer y juzgar las cuentas relativas a los mismos. La Contraloría llevará, además, la contabilidad pública nacional; prescribirá los métodos y sistemas de contabilidad de las dependencias públicas; y la estadística nacional. dirigirá y formará
Artículo 2.
La acción de la Contraloría General se ejerce sobre todas las personas y organismos que tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos o bienes del Estado, de los Municipios, Juntas Comunales, empresas estatales, entidades autónomas y semi-autónomas, en el país o en el extranjero. También se ejerce esta acción sobre aquellas personas u organismos en los que tenga participación económica el Estado o las entidades públicas y sobre las personas que reciban subsidio o ayuda económica de dichas entidades y sobre aquéllas que realicen colectas públicas, para fines públicos, pero tal acción será proporcional al grado de participación de dichos entes públicos.
Se excluye de la acción de la Contraloría las organizaciones sindicales, las sociedades cooperativas y demás entidades cuya fiscalización, vigilancia y control sean de competencia, de acuerdo con disposiciones legales especiales, de otros organismos oficiales.

Título II
Organización
Artículo 3.
La Contraloría General estará a cargo de un funcionario público denominado Contralor General de la República, quien ostentará la representación legal de la institución, secundado por un Sub contralor General. Ambos serán nombrados en la forma y por el período determinado en la Constitución Política. Ninguna entidad pública podrá crear o mantener en su organización unidades administrativas con la denominación de "Contraloría", ni cargos con la denominación de "Contralor". la forma y por el período determinado en la Constitución Política. Ninguna entidad pública podrá crear o mantener en su organización unidades administrativas con la denominación de "Contraloría", ni cargos con la denominación de "Contralor".
Artículo 4.
Para desempeñar los cargos de Contralor y Sub contralor General se requiere cumplir con los requisitos que al efecto exige la Constitución Política. Dichos servidores públicos, dentro del período para el cual fueron nombrados, no podrán ser suspendidos ni removidos sino por la Corte Suprema de Justicia cuando medien las siguientes causas:
a) Haber incurrido en delito contra la Administración Pública, contra el patrimonio o la fe pública o, en general, en delito cuya pena principal sea prisión.
b) Haber incurrido en delito de abuso de autoridad de infracción de los deberes de los servidores públicos; o,
c) Haber incurrido en notoria ineptitud o negligencia en el ejercicio del cargo.
Artículo 5.
La Contraloría General estará integrada por un Organismo Central y por los departamentos u oficinas que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, el Contralor General podrá crear oficinas regionales en distintos sectores del país y en los otros órganos del Estado, los Ministerios, las entidades autónomas, Semi-autónomas, y municipales, cuando las necesidades del servicio !o justifiquen; su personal dependerá y será nombrado por el Contralor General, quien mediante regiamente determinará los requisitos exigidos para desempeñar el cargo y los deberes y responsabilidades inherentes al mismo. El Organismo Central ejercerá sus funciones, de manera primordial, sobre las operaciones de manejo que realiza la Administración Central y sus gastos serán a cargo del Tesoro Nacional.
Los gastos por los servicios de fiscalización y control de los actos de manejo que se realizan en las entidades descentralizadas serán sufragados por la respectiva entidad en la proporción que le corresponda, conforme a determinación que haga la Contraloría.
Asimismo, serán incluidos en los presupuestos de las dependencias respectivas, los costos de los servicios de fiscalización y control de programas especiales que aquéllas ejecuten en forma coordinada con la Contraloría General.
Artículo 6.
El Organismo Central de la Contraloría estará integrado por el despacho del Contralor, del Sub-Contralor, la Secretaría General, el Consejo de Directores y por las direcciones y dependencias que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de su misión, incluyendo las que tendrán a su cargo el juzgamiento de las cuentas.
El Contralor General queda facultado para establecer las subdivisiones de las distintas dependencias de la Contraloría General y para funcionar y suprimir dichas subdivisiones, fijándoles específicas que les correspondan, a través del Reglamento Interno del Organismo.
Artículo 7.
Los jefes de los departamentos de la Contraloría en las entidades autónomas, semi-autónomas, Empresas Estatales, Juntas Comunales y Municipios, tendrán las atribuciones que les señale el Contralor General, de acuerdo con la Constitución, la Ley y los reglamento, con respecto a la fiscalización y control sobre el de los fondos, y bienes públicos.
Artículo 8.
La selección y producción y producción del personal de la Contraloría General se realizará tomando en consideración los méritos personales y profesionales. Para los fines señalados en este Artículo, se instituirá en el Reglamento Interno de dicho organismo un sistema de clasificación de cargos y uno de selección que garantice que el escogido es idóneo para desempeñar el cargo respectivo y que todo ascenso responde a un justo reconocimiento de los méritos del servidor promovido. De igual manera, toda destitución o descenso de categoría deberá estar precedida por una investigación destinada a esclarecer los cargos que se le atribuyen al servidor, en la cual se permita éste ejercer su derecho de defensa.
Se llevará un historial de servicio de cada uno de los servidores de la Institución en el que debe constar la evaluación anual de su desempeño.
Artículo 9.
La estabilidad de los servidores de la Contraloría estará condicionada a la idoneidad, lealtad, antiguedad y moralidad del servicio público. Hasta tanto se dicte la Ley de carrera administrativa todo el que haya laborado en la Contraloría, a satisfacción, durante un mínimo de cinco (5) años, gozará de estabilidad y no podrá ser cesado más que por causas establecidas en la Ley o en el Reglamento Interno, debidamente comprobadas. Para los efectos de esta disposición se computarán los servicios prestados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley.
Para determinar la situación de estabilidad de sus servidores, la Contraloría llevará a cabo un examen del estado de éstos y expedirá los certificados de estabilidad respectivos a los que cumplan con los requisitos legales, dentro de seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley.
Artículo 10.
En el presupuesto general del Estado se incluirán partidas adecuadas para cubrir los gastos de la Contraloría General de la República. En los años en que deban levantarse los censos nacionales se incluirán, además, partidas especiales de conformidad con las erogaciones que dichos censos demanden.
La Contraloría General de la República elaborará el anteproyecto de su propio presupuesto, el cual una vez discutido con el Ministerio de Planificación y Política Económica, será incorporado al Proyecto de Presupuesto General del Estado.
El Presupuesto de la Contraloría guardará proporción con el incremento del monto global del Presupuesto General del Estado.
La Contraloría General estará facultada para contratar la adquisión de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de su misión, de conformidad con los procedimientos legales y las autorizaciones presupuestarias correspondientes.

Título III
Funciones Generales
Artículo 11.
Para el cumplimiento de su misión, la Contraloría General ejercerá las siguientes atribuciones:
1. Llevará las cuentas nacionales que sean necesarias para reflejar las operaciones financieras del Estado, entre las que figurarán las de ingreso, las de egreso, las de la deuda pública, interna y externa, y las patrimonial es.
2. Fiscalizará, regulará y controlará todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que tales actos se realicen con corrección y según lo establecido en las Normas jurídicas respectivas.
La Contraloría determinará los casos en que ejercerá tanto el control previo como el posterior sobre los actos de manejo, al igual que aquellos en que sólo ejercerá este último. Esta determinación se hará mediante Resolución escrita que expedirá el Contralor General.
3. Examinará, intervendrá y fenecerá las cuentas de los servidores públicos, entidades o personas que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes públicos. Lo atinente a la responsabilidad penal corresponderá decidirlo a los tribunales ordinarios.
4. Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la Contraloría !o juzgue oportuno.
Al instruir una investigación, la Contraloría practicará las diligencias tendientes a reunir los elementos de juicio que esclarezcan los hechos, pudiendo recibir testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y practicar cualesquiera otras pruebas instituidas por la Ley.
5. Recabará del Ministerio Público informes sobre el estado de las investigaciones sumariales y de los procesos penales que tengan origen en ilícitos cometidos contra la cosa pública, con el fin de completar los registros que sobre el particular lleva la Contraloría.
El Ministerio Público y la Contraloría coordinarán su labor en dichas investigaciones y procesos, a fin de que cumplan con la misión asignada a cada una de esas dependencias estatales.
6. Recabará de los respectivos servidores públicos informes sobre la gestión fiscal de las dependencias públicas nacionales, municipales, autónomas o semi-autónomas, de las empresas estatales y juntas comunales, con la periodicidad que las circunstancias ameriten.
7. Establecerá y promoverá la adopción de las medidas necesarias para que se hagan efectivos los créditos a favor de las entidades públicas. En los casos en que el funcionario obligado a adoptar tales medidas las omita, por negligencia o negativa injustificada, la Contraloría General deberá dirigirse al superior jerárquico respectivo y, cuando el primero carezca de superior jerárquico, pondrá el caso en conocimiento del Procurador General de la Nación, del Procurador de la Administración, o del Presidente de la República, a efecto de que se le impongan las sanciones que la Ley prevea. Cuando la Ley no haya instituido sanción específica, el funcionario que incurre en tal falta podrá ser sancionado con multa hasta de cien balboas (B/.100.00) la primera vez, con suspensión del cargo hasta por quince (15) días, la segunda vez, y con la destitución cuando el incumplimiento sea contumaz.
8. Demandará la declaratoria de inconstitucionalidad o de ilegalidad de los actos que, en violación de la Constitución o de la Ley, afecten patrimonios públicos. Para la adopción de esta medida se requerirá autorización expresa del Contralor General o del Sub Contralor General, quienes si lo juzgan oportuno pueden realizar consulta previa con el Procurador General de la Nación o el Procurador de la Administración.
9. Establecerá los métodos y sistemas de contabilidad de las dependencias públicas nacionales, municipales, autónomas o semi-autónomas, de las empresas estatales y Juntas Comunales. Estos métodos y sistemas se elaborarán procurando que los registros contables sirvan para generar la información financiera y presupuestaria necesaria para el análisis de la situación respectiva, a fin de realizar una adecuada evaluación de la administración de los patrimonios públicos y constituyan un auxiliar eficaz para la labor de fiscalización y control que realiza la Contraloría.
Una vez establecidos los métodos y sistemas de contabilidad por la Contraloría General, ésta señalará mediante Resolución una fecha para su aplicación por la dependencia estatal respectiva, a partir de la cual tales métodos y sistemas serán de obligatorio cumplimiento para los funcionarios encargados de aplicarlos.
La violación de la Norma contenida en el inciso anterior se sancionará en la forma prevista en el Ordinal 7 de este Artículo.
10. Participará en la elaboración del presupuesto general del Estado en la forma prevista en la Constitución, emitirá concepto sobre la viabilidad y conveniencia de la expedición de créditos suplementales y extraordinarios e informará al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa sobre el estado financiero de la Administración Pública.
La Contraloría emitirá concepto sobre los proyectos de Leyes que supriman ingresos comprendidos en el Presupuesto y establezcan rentas sustitutivas o aumente las existentes, en la forma establecida en el Artículo 272 de la Constitución.
La Contraloría presentará al Órgano Ejecutivo informes mensuales y anuales sobre el estado financiero de la Administración Pública, sin perjuicio de que lo haga con mayor frecuencia cuando las circunstancias lo ameriten.
De igual manera, la Contraloría General de la República deberá presentar al Órgano Ejecutivo, conjuntamente con los Ministerios de Hacienda y Tesoro y de Planificación y Política Económica, un plan de reducción de gastos, cuando en cualquier época del año consideren fundadamente que el total efectivo de ingresos puede ser inferior al total de gastos autorizados en el presupuesto nacional.
Este plan deberá ser presentado a la consideración del Consejo de Gabinete y, una vez aprobado, será de ejecución obligatoria para la Administración.
Esta atribución, en lo que concierne a los Municipios, Juntas Comunales, entidades autónomas y semiautónomas, empresas estatales y, en general, en aquellas sobre las cuales ejerza fiscalización la Contraloría, será realizada por el delegado o representante del Contralor ante la respectiva entidad, conjuntamente con los otros funcionarios públicos correspondientes; ante el organismo competente para adoptar la medida.
11. Dirigirá y formará la estadística nacional, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. Para estos fines la Contraloría podrá crear los comités técnicos necesarios, para promover el mejoramiento de las estadísticas nacionales.
12. Nombrará a los empleados de sus departamentos de acuerdo a las Normas constitucionales y legales vigentes;
13. Presentará al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa un informe sobre sus actividades;
14. Juzgará las cuentas que llevan los agentes y empleados de manejo de fondos públicos, cuando surjan reparos al momento de su rendición o a consecuencia de investigaciones efectuadas por la Contraloría y,
15. Cualesquiera otras que le asigne la Ley.

Título IV
Funciones Especiales


Capítulo I
Métodos y Sistemas de Contabilidad
Artículo 12.
Es atribución privativa de la Contraloría instituir los métodos y Sistemas de contabilidad para las dependencias públicas que señala la Constitución y de coordinar y velar por su adecuada aplicación.

Artículo 13.
Los métodos y sistemas de contabilidad a que se refiere el Artículo anterior deberán instituirse mediante reglamento e incluirá, entre otros elementos, el plan de cuentas, la forma de su aplicación, los formularios respectivos, los flujos gráficos v los diagramas explicativos de los procesos de cada actividad.

Artículo 14.
En el Reglamento mediante el cual se instituya el sistema de contabilidad para una dependencia pública se señalará la fecha en que debe entrar a regir. Es obligación del Jefe de Contabilidad de dicha dependencia pública velar por la aplicación del sistema y, en caso de incumplimiento, podrán aplicársele las sanciones señaladas en los Artículos 22 y 23 de la presente Ley.

Artículo 15.
Corresponde a la Contraloría autorizar la apertura de cuentas a todas las personas que reciban o desembolsen fondos públicos, o que tengan a su cuidado o bajo su custodia y control fondos o bienes de entidades públicas o por los cuales sean estas responsables. Ninguna entidad bancaria pública o privada abrirá cuentas a dichas personas sin la previa autorización de la Contraloría General de la República.
Artículo 16.
La Contraloría establecerá la forma en que deben rendirse las cuentas al Contralor General para su examen y finiquito.

Capítulo II
De la Rendición de Cuentas
Artículo 17.
Toda persona que reciba, maneje, custodie o administre fondos o bienes públicos, está en la obligación de rendir cuentas a la Contraloría General, en la forma y plazo que ésta, mediante reglamento, determine. Esta obligación alcanza a las personas que administren, por orden de una entidad pública, fondos o bienes pertenecientes a terceros y a los representantes de las sociedades o asociaciones que reciban subsidios de dichas entidades públicas.
Para los fines de esta Ley, la condición de empleado de manejo alcanza, además, a todo servidor público o empleado de una empresa estatal facultado por la Ley para contraer obligaciones económicas, ordenar gastos y extinguir créditos a nombre o en representación de una entidad o dependencia del Estado o empresa estatal.
Es agente de manejo, para los mismos fines, toda persona que sin ser funcionario público recauda, paga dineros de una entidad pública o, en general, administra bienes de ésta.
Artículo 18.
Rendición de cuentas, para los fines de esta Ley, es el informe rendido por la persona a que se refiere el Artículo anterior, sobre la actuación relacionada con los fondos y bienes que recibe, maneje, custodie o administre, dentro de un período determinado, e incluye el informe financiero correspondiente a la respectiva dependencia estatal. La Contraloría, cuando lo estime necesario, podrá solicitar el envío de los comprobantes respectivos.
Artículo 19.
Cuando no se haya señalado término al efecto, toda cuenta sobre fondos deberá rendirse mensualmente, dentro de los primeros quince días del mes siguiente.
Artículo 20.
Cuando la persona, al ser requerida por la Contraloría, no presente el estado de su cuenta con la documentación y valores que la sustentan, se presumirá que existe faltante por el monto correspondiente.
Artículo 21.
Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá la Contraloría conceder un término prudencial, en adición al establecido, para que se rinda la cuenta o se exhiba su estado, en casos de incumplimiento de esta obligación sin culpa del obligado.
Artículo 22.
La Contraloría podrá sancionar con multa de cincuenta balboas (B/.50.00) a quinientos balboas (B/.500.00), según la gravedad del caso, al que no rinda oportunamente su cuenta o no exhiba el estado de la misma al momento de requerirlo. En caso de reincidencia, podrá sancionarlo con el doble de la pena anterior y, si el hecho ocurre dentro del año siguiente a la fecha en que se impuso la primera sanción, podrá solicitar la suspensión del empleado hasta por el término de un mes.
Artículo 23.
En caso de negligencia grave o reticencia evidente en el cumplimiento de las obligaciones a que se contrae el Artículo anterior, la Contraloría estará facultada para solicitar la destitución del empleado y ésta deberá decretarse una vez comprobados los hechos.
Artículo 24.
Para la aplicación de las sanciones señaladas en los dos Artículos anteriores, la Contraloría emitirá un reglamento que regule el procedimiento respectivo, y que contemplará la forma de comprobar las infracciones.

Capítulo III
Del Examen de Cuentas
Artículo 25.
Toda cuenta será examinada, finiquitada o reparada dentro del término de un año, contado a partir de la fecha en que se reciba en la Contraloría General, debiendo ésta expedir recibo para hacer constar este hecho a requerimiento del interesado.
Artículo 26.
El examen de cuentas tendrá por objeto:
a) Establecer si la percepción de los ingresos de la entidad pública respectiva y la inversión o erogación de sus fondos han cumplido con las Normas legales pertinentes, y, en su caso, con las disposiciones administrativas o contractuales aplicables.
b) Comprobar la veracidad y exactitud de las operaciones.
c) Verificar si las operaciones aritméticas y de contabilidad son exactas; y
ch) Determinar si el manejo ha sido correcto y, sí se han cometido irregularidades, adoptar las medidas necesarias para que los funcionarios o tribunales competentes exijan las responsabilidades consiguientes.

Artículo 27.
En el examen de las operaciones de ingresos deberá comprenderán principalmente:
a) Si las liquidaciones de impuestos, demás tributos y otros ingresos se ajustan a las Leyes, reglamentos, contratos y otros actos que fijen sus montos y formas de aplicación;
b) Si se han cumplido los plazos en que han de producirse los ingresos;
c) Si se ha cobrado más de lo debido y si se han cobrado los intereses, recargos y multas que establecen las Leyes y reglamentos para el caso de incumplimiento de obligaciones tributarias o de otra naturaleza;
ch) Si los ingresos han sido correctamente imputados dentro de las cuentas de rentas o, cuando no la constituyeren, dentro de las cuentas de depósito.

Artículo 28.
En el examen de los expedientes de gastos deberá comprobarse, principalmente:
a) Que los comprobantes sean auténticos;
b) Que las operaciones aritméticas y de contabilidad sean exactas;
c) Que se haya cumplido las Leyes sobre timbres y demás tributos;
ch) Que el gasto haya sido correctamente imputado, de modo que corresponda al objeto para el cual fueron destinados los fondos,
d) Que bienes y servicios hayan sido efectivamente recibidos; y
e) Que el gasto haya sido reconocido y ordenado por los funcionarios competentes al efecto.
La Contraloría deberá practicar investigaciones para determinar si el producto de las inversiones públicas corresponde a las sumas efectivamente gastadas.
Artículo 29.
Cuando la Contraloría descubra irregularidades graves en el manejo de los bienes y fondos públicos que, a su juicio, ameriten la suspensión del agente o empleado de manejo, así lo solicitará a quien corresponda y así deberá ordenarse por el período que resulte necesario. En este caso la Contraloría deberá exponer las razones en que fundamente su petición.
Cuando las circunstancias lo ameriten, la Contraloría podrá suspender el pago de salarios, remuneraciones o asignaciones de cualquier clase que el Estado o cualquier entidad pública deba hacer a favor del agente o empleado de manejo o de otro funcionario o persona que se encuentre involucrada en las irregularidades descubiertas y adoptará cualquier otra medida precautoria sobre bienes o fondos de tales personas o funcionarios, a fin de proteger los intereses públicos.
Cuando sea del caso, la Contraloría General dispondrá lo pertinente para que se inicie el correspondiente juicio de cuentas y para que se abra la investigación sumarial de rigor.
Artículo 30.
Es obligación de la Contraloría General, a través de la dependencia respectiva, cuidar que las cuentas sean rendidas oportunamente y en !a forma establecida, al igual que el adoptar las medidas que sean pertinentes en caso de incumplimiento de esta obligación o cuando descubra irregularidades en el manejo de los bienes y fondos públicos.
Artículo 31.
La Contraloría General podrá examinar y revisar los libros y registros de contabilidad, así como las cuentas y documentos relativos a las mismas, de toda organización, sociedad, entidad o dependencia que directa o indirectamente reciba auxilio o subvención pecuniaria de, una entidad pública. Cuando del resultado de su intervención compruebe la comisión de irregularidades que afectan patrimonios públicos, adoptará las medidas precautorias tendientes a proteger los intereses públicos.

Capítulo IV
Del Juicio de Cuentas
Artículo 32.
Es atribución de la Contraloría General juzgar las cuentas que llevan los agentes y empleados de manejo de fondos o bienes públicos, cuando surjan reparos al momento de su rendición o a consecuencia de investigaciones realizadas por aquélla.
Artículo 33.
El juicio de cuentas tiene por objeto la evaluación de la gestión de manejo, conforme a un criterio jurídico-contable, y decidir lo relativo a la responsabilidad patrimonial del respectivo agente o funcionario, público frente al Estado.
Artículo 34.
El juicio de cuentas será tramitado conforme al procedimiento establecido en el Código Judicial y al reglamento que para tal efecto emita la Contraloría General.

Capítulo V
Del Registro y Control de los Bienes Patrimoniales
Artículo 35.
La Contraloría establecerá y mantendrá un control efectivo sobre los fondos, las especies venales y todos los demás bienes, muebles o inmuebles, que integran los patrimonios de las entidades estatales o que han sido confiados a éstas bajo custodia, cuidado o control de servidores públicos.
Los departamentos u oficinas encargados de llevar la contabilidad en los distintos Ministerios, entidades autónomas, semi-autónomas, municipales, Juntas Comunales, empresas estatales, empresas mixtas y en general todas las empresas en cuyos capitales tenga participación una entidad estatal, mantendrán inventarios y registros adecuados y oportunos sobre todos los bienes que ingresen o salgan del patrimonio de dichas dependencias estatales.
Artículo 36.
La Contraloría General dictará reglamentos que contengan pautas que sirvan de base a la actuación de las personas que manejen fondos o bienes públicos, sujetándose a lo que establezcan las Normas legales pertinentes.
Artículo 37.
Es atribución de la Contraloría General examinar y cerciorarse de la existencia de fondos y otros bienes públicos y examinar los libros y registros de contabilidad relativos a los mismos.
Artículo 38.
La Contraloría General mantendrá un control efectivo sobre todos los ingresos del Estado y demás entidades públicas, para lo cual tendrá acceso a los registros y documentos respectivos.
Artículo 39.
La Contraloría velará porque se ingresen a los tesoros públicos, oportunamente, todas las sumas que se adeuden a las dependencias públicas y que, en caso de mora, se apliquen los recargos, intereses y multas correspondientes.
Artículo 40.
La Contraloría velará, igualmente, porque se adopten medidas tendientes a recaudar los ingresos pertenecientes a las dependencias públicas y porque, en caso de mora, se inicien con prontitud los juicios por jurisdicción coactiva que sean pertinentes conforme a la Ley.
Artículo 41.
Como parte de sus atribuciones, la Contraloría fiscalizará y llevará un control de las exoneraciones de carácter fiscal que se otorguen con arreglo a la Ley o a contratos.
De igual manera remitirá dictamen previo sobre las solicitudes de devolución de sumas pagadas en concepto de gravámenes tributarios.
Artículo 42.
Es deber de la Contraloría General intervenir en las diligencias de inventario de fondos y otros bienes, que deben realizarse cuando un servidor público o agente de manejo entrega el despacho a otro que lo reemplaza.
Artículo 43.
La Contraloría participará en la eliminación de monedas, bonos, títulos de la deuda pública, de las especies venales y de cualesquiera otras especies y documentos análogos, cuya destrucción sea necesaria de acuerdo con la Ley.
También participará en la eliminación de las planchas, matrices y cualesquiera otros instrumentos o medios utilizados en la confección o elaboración de tales especies o valores.
Artículo 44.
La Contraloría General velará porque sean ingresados al Tesoro Nacional los fondos y otros valores depositados en los bancos, en los casos que así lo disponga la Ley.

Capítulo VI
Fiscalización de los Actos de Manejo
Artículo 45.
La Contraloría refrendará o improbará los desembolsos de fondos públicos y los actos que afecten patrimonios públicos. Esta facultad, cuando así lo juzgue conveniente por razón de las circunstancias, podrá no ser ejercida, pero tal abstención debe ser autorizada mediante Resolución motivada del Contralor o del Sub-Contralor General de la República. La decisión respectiva puede ser revocada en cualquier momento en que las circunstancias lo aconsejen.
Artículo 46.
Es atribución de la Contraloría emitir concepto sobre la viabilidad jurídica y sobre la conveniencia de que los Municipios y las Instituciones autónomas y semi-autónomas contraten empréstitos para realizar los objetivos que le señala la Ley.
Artículo 47.
La Contraloría refrendará todos los bonos, pagarés, letras y otros documentos constitutivos de la deuda pública. Esta facultad será ejercida por el Contralor General, el Sub-Contralor General o por el funcionario de la Contraloría que el primero designe. Sin el cumplimiento de este requisito, el título será nulo.
Para tal efecto, ningún documento o título de la deuda pública será puesto en circulación sin haber cumplido esa exigencia.
Artículo 48.
La Contraloría refrendará todos los contratos que celebren las entidades públicas y que impliquen erogación de fondos o afectación de sus patrimonios. Esta función puede no ser ejercida en aquellos casos en que la Contraloría, por razones justificadas, la considere innecesaria, lo cual debe declarar en Resolución motivada del Contralor o Sub-Contralor General de la República.
Artículo 49.
En la Contraloría se registrará el nombramiento de todos los servidores públicos, así como las destituciones, licencias, vacaciones y otros actos referentes a dichos servidores que conlleven consecuencias económicas para las entidades públicas. Con tal finalidad el jefe de las respectivas dependencias o el servidor público en quien se delegue esa función enviará a la Contraloría General o a los departamentos respectivos de ésta, copia autenticada del acto de nombramiento, del de toma de posesión y de aquellos otros mencionados en este Artículo.
La Contralor la General no refrendará el pago de ningún sueldo u otra remuneración a favor de ningún servidor público cuyo nombramiento no le haya sido notificado. En este caso hará las observaciones pertinentes al Jefe de la respectiva dependencia.
El funcionario culpable de que se hayan hecho pagos de salarios indebidos será responsable por el monto de los mismos hasta conseguir su reintegro, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria a que hubiere lugar.

Capítulo VII
Del Control de las Garantías
Artículo 50.
La Contraloría General señalará el monto de las fianzas de probidad que cubran las actividades de los empleados y agentes de manejo de fondos públicos, en aquellos casos en que la Ley no lo ha determinado. Además, servirá de custodio de todas las fianzas de probidad y deberá hacerlas efectivas cuando haya lugar a ello. Esta facultad incluye el ejercicio de las acciones y recursos administrativos y jurisdiccionales necesarios, para lo cual los abogados de esta dependencia estatal actuarán conforme a instrucciones del Contralor General.

Artículo 51.
La Contraloría General será depositaria y se pronunciará sobre la suficiencia de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con las entidades públicas, conforme a lo establecido en la Ley.
Artículo 52.
Es parte de la competencia de la Contraloría ser depositaria de una copia de las escrituras en que consten las declaraciones juradas de bienes, que deben hacer los servidores públicos de conformidad con la Constitución Política y demás Normas legales que así lo exijan.

Capítulo VIII
De la Estadística Nacional
Artículo 53.
La Contraloría General dirigirá y formará la Estadística Nacional, en conformidad con lo que al efecto establezcan las Leyes especiales y reglamentos respectivos. Se declara a la estadística nacional como actividad de utilidad pública y de interés nacional.
Para estos efectos, se entiende por estadística nacional el conjunto de procesos destinados a la recolección, elaboración, análisis y publicación de datos relacionados con hechos de interés nacional o regional, susceptibles de numeración o recuento y comparación de las cifras referentes a ellos.
Artículo 54.
Para el cumplimiento de su misión, la Contraloría dirigirá y coordinará las actividades estadísticas que lleven a cabo las entidades públicas, procurando que sus resultados rindan beneficios de carácter general.
La Contraloría, igualmente, estará facultada para solicitar información con fines estadísticos a entidades o personas públicas y privadas. Cuando así lo haga, tales entidades y personas deben suministrar la información, que para dichos fines le sea solicitada, y la Contraloría está obligada a mantener la reserva y confidencialidad sobre la información obtenida.

Título V
De los Organos de Administración


Capítulo I
Funciones del Contralor
Artículo 55.
El Contralor General de la República es el jefe superior de la institución y responsable de la marcha de ésta, conjuntamente con el Sub-Contralor General. Son atribuciones del Contralor General, además de las que le asignan la Constitución y otras disposiciones especiales, las siguientes:
a) Planear, dirigir y coordinar la labor de la Contraloría General, a la vez que representar a ésta;
b) Nombrar, sancionar, remover y cesar al personal de la institución, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes;
c) Refrendar las planillas, las cuentas contra el Tesoro Nacional y los contratos que celebre la Nación y que impliquen erogación de fondos públicos o afectación de patrimonios públicos;
ch) Refrendar los cheques, pagarés, letras, bonos y otros documentos constitutivos de la deuda pública;
d) Dictar reglamentos y medidas que regulen la rendición revisión de cuentas públicas, así como también los reglamentos internos de la Contraloría;
e) Aprobar los métodos de contabilidad que deben aplicarse en las dependencias estatales señaladas en el Ordinal 8 del Artículo 276 de la Constitución y determinar la fecha a partir de la cual se pondrán en ejecución;
f) Ordenar investigaciones encaminadas a determinar si la gestión de manejo de fondos y demás bienes públicos se ha realizado de manera correcta y de acuerdo con las Normas establecidas;
g) Presentar las denuncias y demandas que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría. Cuando sea necesaria de acuerdo con la Ley, el Contralor otorgará poder a uno de los Abogados de la Contraloría General para ese propósito.
h) Informar al Órgano Ejecutivo sobre el estado financiero de la Administración Pública y emitir concepto sobre la viabilidad y conveniencia de la expedición de créditos suplementales o extraordinarios al Presupuesto, al igual que sobre la contratación de empréstitos por la Nación;
i) Rendir informes anuales sobre la gestión de la Contraloría al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa;
j) Elaborar y presentar al Consejo de Gabinete, conjuntamente con los Ministros de Hacienda y Tesoro, y de Planificación y Política Económica, un plan de reducción de gastos, cuando consideren fundadamente que el total efectivo de entradas va a ser inferior al total de gastos autorizados en el Presupuesto, a fin de evitar el déficit previsto.
k) Otorgar finiquitos a los servidores públicos y agentes de manejo;
l) Asistir a las sesiones del Consejo General de Estado; con derecho a voz, a las reuniones del Consejo de Gabinete; y a las de cualquier otro organismo público de carácter nacional, cuyas funciones se refieran a la administración de los patrimonios públicos;
m) Asistir, conforme lo establecido en disposiciones especiales, a las reuniones de las Juntas Directivas y demás corporaciones que gobiernan las entidades autónomas y semi-autónomas;
n) Designar los peritos que daban intervenir en representación de la Contraloría en las actuaciones o procesos en que la Ley lo exija; y,
ñ) Las demás que le señalen las Leyes y reglamentos.
Parágrafo: Con excepción de las funciones señaladas en los apartados a) , d) , f) , i) y j) de este Artículo, el Contralor General de la República podrá delegar sus atribuciones en otros funcionarios de la Contraloría.

Capítulo II
Funciones del Sub-Contralor

Artículo 56.
El Sub-Contralor General es el servidor público que sigue en jerarquía después del Contralor General y, en tal carácter, colaborará con éste en el planeamiento, dirección y coordinación de las funciones asignadas a la Contraloría, por cuya marcha es conjuntamente responsable con el Contralor General.
Artículo 57.
Son funciones del Sub-Contralor General:
a) Reemplazar al Contralor General durante sus ausencias temporales o accidentales, al igual que desempeñar las funciones del cargo cuando se produzca vacante en el mismo mientras se haga nuevo nombramiento;
b) Refrendar los contratos, planillas, cuentas, cheques, bonos del Estado y demás títulos de la deuda pública, en sustitución del Contralor General, cuando éste se encuentre ausente o cuando tal facultad le sea delegada;
c) Asistir, en reemplazo del Contralor General, a las sesiones de la Asamblea Legislativa, del Consejo de Gabinete y de las Juntas Directivas y demás corporaciones que gobiernan las entidades públicas descentralizadas, en ausencia del Contralor o por instrucciones de éste;
ch) Dirigir todo lo relacionado con las funciones de auditoría interna de la Institución, para lo cual estará adscrita a su despacho la dependencia que tiene asignadas estas funciones.
d) Conocer de los informes de Auditoría y los informes financieros de las dependencias públicas que deba presentar la Contraloría, una vez hayan sido aprobados por el Director de Auditoría. La aprobación final de estos informes corresponde al Contralor General, quien podrá delegarla en el Sub-Contralor General.
e) Autorizar la apertura de cuentas bancarias oficiales y la creación de fondos especiales, fondos rotativos y de cajas menudas, en sustitución del Contralor General y de conformidad con las disposiciones legales pertinentes;
f) Aquellas otras que le señale la Ley, los Reglamentos el Contralor General.

Capítulo III
De la Secretaría General
Artículo 58.
La Contraloría contará con una Secretaría General, con funciones de coordinación de las labores de la institución, que servirá de conducto entre el Contralor General y los funcionarios subalternos y personas particulares en todos aquellos asuntos que le atribuya o asigne éste último.
Artículo 59.
Son atribuciones del Secretario General:
1. Coordinar todo lo relacionado con los asuntos que deben ser analizados en el Consejo de Directores;
2. Mantener informado al Contralor General y al Sub-Contralor General sobre los asuntos que se encuentran en tramitación en la Contraloría General;
3. Autorizar con su firma les Resoluciones y decretos que expida el Contralor General o el Sub-Contralor General y las actas de las sesiones del Consejo de Directores;
4. Expedir las copias que se requieran de los documentos señalados en el Numeral anterior; y,
5. Cualesquiera otras que se le asigne en los reglamentos o por el Contralor General.

Capítulo IV
De las Direcciones
Artículo 60.
La Contraloría General se dividirá en direcciones, cuya denominación, organización interna y atribuciones específicas se establecerán en el Reglamento Interno de la Institución, en conformidad con la materia propia de su competencia; a su vez, cuando sea necesario crear subdivisiones eh las direcciones, a las primeras se les señalarán atribuciones específicas, procurando que tales subdivisiones se especialicen en la atención de los asuntos que se les encomiendan y evitando duplicidad de funciones.
Para la atención de tales asuntos se adoptarán manuales de procedimiento que contribuyan al mejor desarrollo de las labores.
Artículo 61.
Al frente de cada Dirección habrá un Director, que es el responsable ante el Contralor General y el Sub-Contralor por la marcha de las labores de la dependencia a su cargo, quien es el Jefe de la respectiva Dirección.
Cuando por razones del servicio sea necesario, podrán crearse los cargos de Sub-Director cuyos titulares ayudarán al Director en el planeamiento, organización, coordinación, dirección y fiscalización del trabajo.

Capítulo V
De los Juzgados y Tribunales de Cuentas
Artículo 62.
En cumplimiento del Ordinal 13 del Artículo 276 de la Constitución, se crea la jurisdicción especial de cuentas, que tendrá a su cargo el juzgamiento de las cuentas de los agentes y empleados de manejo cuando surjan reparos a las mismas hechos por la Contraloría General.
Artículo 63.
La jurisdicción de cuentas será ejercida inicialmente por un Juzgado de Cuentas y un Tribunal de Cuentas, que tendrá jurisdicción en toda la República y que forman parte de la Contraloría General, cuyos titulares serán nombrados por el Contralor General de acuerdo a lo que establezca la Ley.
Artículo 64.
El Juzgado de Cuentas conocerá en primera instancia del juicio de cuentas y estará a cargo de un Juez, de un Secretario y del personal subalterno que sea necesario. Para ser Juez de Cuentas se necesita cumplir los requisitos exigidos para ejercer el cargo de Juez de Circuito y, además; tener conocimientos básicos sobre contabilidad y auditoría.
El Juez de Cuentas será. nombrado por un período de seis (6) años, que se iniciará en la fecha de la primera designación, durante el cual no podrá ser destituido o suspendido sino por abandono del cargo, delito cometido en el ejercicio de sus funciones, negligencia o por incapacidad física o mental para ejercer el cargo.
El Juez de Cuentas gozará de independencia y de los mismos derechos, responsabilidades y prerrogativas de que gozan los Jueces del Órgano Judicial, con excepción del derecho de vacaciones que será ejercido conforme a las Leyes administrativas. La remuneración del Juez de Cuentas no será inferior a la que devengan los Jueces de Circuito.
Artículo 65.
Durante las ausencias temporales o accidentales, el Juez de Cuentas será reemplazado por su suplente. Para tal fin se designarán dos suplentes, el Primero y el Segundo, quienes deben cumplir con los mismos requisitos que el principal y que, por su orden, serán llamados a ejercer el cargo cuando fuere necesario. En los casos en que por alguna causa no puedan actuar el Primero y Segundo Suplentes, el Contralor General designará un Suplente Especial.
Artículo 66.
El juicio de cuentas será conocido en segunda instancia por el Tribunal de Cuentas, el cual estará integrado inicialmente por los siguientes miembros:
a) Por un Magistrado de Cuentas, quien lo presidirá quien tendrá dos suplentes que lo reemplazarán, por su orden, en sus faltas accidentales o temporales o en caso de impedimento o de recusación;
b) Por el Director de Contabilidad de la Contraloría General; y,
c) Por uno de los abogados de la Dirección de Asesoría Legal de la Contraloría General, por riguroso orden de rotación, que se iniciará con el Director y seguirá en escala descendente por categoría.
El período de Magistrado de Cuentas será de seis (6) años, que se contará a partir de la fecha del primer nombramiento; durante este período solamente podrá ser suspendido o destituido pon el Contralor General cuando medie alguna de las causas señaladas en el Artículo 64 de esta Ley. Para desempeñar este cargo se requiere cumplir con los mismos requisitos que para ser Magistrado de Distrito Judicial y contar con conocimientos básicos de contabilidad y auditoría.
El Magistrado de Cuentas gozará de independencia y de los mismos derechos, prerrogativas y responsabilidades de los Magistrados de Distrito Judicial, su remuneración no será inferior a la de éstos y su derecho de vacaciones se regirá por las Leyes Administrativas.
El Contralor General queda facultado para designar dos Magistrados de Cuentas adicionales cuando el volumen de negocios y los intereses públicos lo justifiquen. Cuando ello ocurra cesarán en sus funciones como tales, los dos miembros del Tribunal de Cuentas señalados en lo literales b) y c) de este Artículo, y este Tribunal quedará integrado con Tres Magistrados, quienes elegirán el que deba fungir como Presidente de la Corporación.
Artículo 67.
Cuando se encuentre impedido o sea recusado el Director de Contabilidad, en su reemplazo actuará el Sub-Director que resulte escogido por sorteo entre los que existen en la Dirección de Contabilidad.
Cuando medie causa de impedimento o de recusación contra el Abogado de la Dirección de Asesoría Legal que le corresponde integrar el Tribunal, será reemplazado por el que le sigue en turno.
Si por alguna causa se agotan los suplentes de alguno de los miembros del Tribunal, el Contralor General designará un Suplente Especial para reemplazarlo.
Parágrafo: Para los fines de este Artículo, son aplicables las causales de impedimento y recusación instituidas por el Código Judicial.
Artículo 68.
Los incidentes de recusación que se presenten contra un miembro del Tribunal de Cuentas será decidido por los dos restantes.
Artículo 69.
El Tribunal de Cuentas contará con un Secretario y con el personal subalterno que las necesidades exijan, los cuales ejercerán las atribuciones que la Ley y los Reglamentos señalen.
Artículo 70.
En el juicio de cuentas, los intereses públicos estarán representados, en todas las instancias, por un Fiscal de Cuentas, designado por el Contralor General de la República, por igual período que el del Juez de Cuentas. El Fiscal tendrá dos suplentes, que por su orden lo reemplazarán en los casos de ausencia temporal o accidental.
El Fiscal de Cuentas deberá cumplir con los mismos requisitos y tendrá iguales derechos que el Juez de Cuentas.
Además de la atribución que este Artículo le señala, el Fiscal de Cuentas ejercerá aquellas otras que le asigne el Contralor General y que no sean incompatibles con su función principal.
Artículo 71.
La función ejercida por los Juzgados y Tribunales de Cuentas se consideran, para todos los efectos legales, como si fueran ejercidas por un Tribunal Judicial y las decisiones que emitan tendrán carácter jurisdiccional. Las decisiones de segunda instancia serán recurribles en casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo que al efecto dispone el Código Judicial.

Título VI
Disposiciones Generales
Artículo 72.
La Contraloría General. de la República velará porque el Presupuesto General del Estado consulte la realidad económica del sector público y porque su ejecución se realice conforme a las Normas constitucionales y legales respectivas.
Artículo 73.
Ningún crédito se considerará como liquidado definitivamente en contra del Tesoro Nacional o cualquier otro tesoro público sino después de que haya sido aprobado por el Ministerio o entidad respectiva y por la Contraloría General de la República.
Artículo 74.
Toda orden de pago que se emita con cargo al Tesoro Nacional o contra cualquier otro Tesoro Público deberá ser sometida al refrendo de la Contraloría General, sin cuyo requisito no podrá ser pagada. A tal efecto, la Contraloría verificará:
a) Que ha sido emitida de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia;
b) Que está debidamente imputada al presupuesto;
c) Que la partida presupuestaria respectiva tiene saldo disponible para cubrir la erogación;
ch) Que ha sido emitida para pagar bienes recibidos o servicios efectivamente prestados, salvo las excepciones establecidas en la Ley; y,
d) Que el beneficiario de la orden es titular efectivo del crédito.
Artículo 75.
Ningún empleado o agente de manejo que reciba o pague, o tenga bajo su cuidado, custodia o control, fondos o bienes públicos, será relevado de responsabilidad patrimonial por su actuación en el manejo de tales fondos o bienes, sino mediante finiquito expedido por la Contraloría General de la República.
Artículo 76.
La Contraloría General de la República está facultada para examinar, fiscalizar y controlar las operaciones financieras de las empresas mixtas y de aquellas en que tome participación económica el Estado, un municipio, una Junta Comunal, una empresa estatal o una institución autónoma o semi-autónoma. Al ejercer esta atribución, la Contraloría tomará en consideración la naturaleza de la actividad respectiva y el grado de participación económica de las entidades públicas en tal actividad.
Artículo 77.
La Contraloría improbará toda orden de pago contra un Tesoro Público y los actos administrativos que afecten un patrimonio público, siempre que se funde en razones de orden legal o económico que ameriten tal medida. En caso de que el funcionario u organismo que emitió la orden de pago o el acto administrativo insista en el cumplimiento de aquélla o de éste, la Contraloría deberá cumplirlos o, en caso contrario, pedir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del pago o del cumplimiento del acto.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el funcionario u organismo encargado de emitir el acto, una vez improbado éste por la Contraloría, puede también someter la situación planteada al conocimiento del Consejo de Gabinete, de la Junta Directiva, Comité Directivo, Consejo Ejecutivo, Patronato o cualquiera otra corporación administrativa que, según el caso, ejerza la máxima autoridad administrativa en la institución, a efecto de que ésta decida si se debe insistir o no en la emisión del acto o en el cumplimiento de la orden. En caso de que dicha corporación decida que el acto debe emitirse o que la orden debe cumplirse, la Contraloría deberá refrendarlo, pero cualquier responsabilidad de que del mismo se derive recaerá, de manera conjunta y solidaria, sobre los miembros de ella que votaron afirmativamente. En caso de que la decisión sea negativa, el funcionario u organismo que emitió el acto o libró la orden se abstendrá de insistir en el refrendo.
Artículo 78.
En toda Junta Directiva, comité, consejo ejecutivo, consejo directivo y, en general, en toda corporación que tenga a su cargo la administración o el manejo de fondos o bienes públicos habrá un representante de la Contraloría General de la República designado por el Contralor General, quien asistirá con derecho a voz en las sesiones que celebren tales organismos.
Artículo 79.
Ningún servidor público de la Contraloría General podrá defender o patrocinar intereses económicos propios o de un familiar comprendido dentro del primer grado de afinidad o segundo de consanguinidad.
La condición de servidor público de la Contraloría General no es incompatible con el ejercicio de los cargos docentes en el Ramo de Educación, ni con el ejercicio de actividades profesionales en los términos de este Artículo y con las limitaciones que sobre la materia instituyen la Constitución o la Ley.
Artículo 80.
Toda persona que haya laborado en las dependencias del Estado durante un mínimo de veintiocho (28) años, quince (15) de los cuales hayan sido desempeñados en la Contraloría General, tendrá derecho a jubilarse con la última remuneración percibida en ésta, siempre que cuente con una edad de cincuenta y cinco (55) años o más.
Artículo 81.
Todos los servidores públicos prestarán a la Contraloría General la cooperación que ésta solicite en el cumplimiento de sus atribuciones y le suministrarán los informes, documentos, registros y demás elementos de juicio que requieran con tal finalidad.
El Contralor General y el Sub-Contralor General podrán sancionar con multa hasta de cien balboas (B/.100.00) aquellos Servidores Públicos que infrinjan la Norma anterior. También impondrán dicha sanción cuando, en el ejercicio de sus funciones, un servidor público o un particular desobedezca sus órdenes o les falte el debido respeto, conforme a las Normas legales pertinentes.
Artículo 82.
En el curso de las investigaciones que realice la Contraloría General de la República, ésta podrá hacer uso de todos los medios de pruebas y de los procedimientos permitidos por las Normas legales vigentes. Podrá, igualmente, solicitar la colaboración de las autoridades nacionales y municipales, incluyendo la adopción de las medidas legales que las circunstancias ameriten.
Artículo 83.
La Contraloría General de la República intervendrá como parte en los procesos en que se acuse la ilegalidad o de inconstitucionalidad uno de sus actos; para tales efectos, el Contralor General podrá otorgar poder especial a un abogado de la Dirección de Asesoría Legal.
Artículo 84.
Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación y deroga la Ley 6 de 1941, y todas las disposiciones que le sean contrarías.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dada en la Ciudad de Panamá, a los 8 días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro.
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